El profesor Cáceres, uno de los entusiastas promotores de la iniciativa mundialista rioplatense, esgrimió argumentos razonables y, en buena medida, compartibles, y hasta adelantó posibles soluciones “creativas” para algunos de los problemas logísticos y de escala que presenta Uruguay.

Sin embargo, el problema de fondo relacionado con la organización total o parcial de una Copa del Mundo de fútbol es otro. Por su jerarquía institucional, es obvio que el profesor Cáceres no podría decir mucho de eso, y es correcto que así sea.

El problema de fondo es que en la actualidad –y desde hace ya muchos años– un mundial de fútbol se sostiene en una estructura de negocios que tiene a la corrupción como uno de sus elementos principales. Dicho de forma clara: si no hay garantías de corrupción, la organización de un mundial no prospera. Y Uruguay, para felicitación de todos sus ciudadanos, por ahora no da garantías de corrupción a quienes están dispuestos a conceder la organización de un evento de esas características. 

Veamos un par de ejemplos: las votaciones en la FIFA para elegir las sedes de los últimos y próximos mundiales (Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014, Rusia en 2018 y Qatar en 2022) han sido manipuladas mediante la compra de votos. Eso está probado, hay cifras contundentes, gente presa, arrepentidos que dieron jugosos datos, cuentas bancarias, etc. O sea: la FIFA como institución ha sido desde hace mucho tiempo una organización que ha cometido graves delitos.

Lo mismo puede decirse de la Conmebol. Varios de sus principales directivos han recibido sobornos, amañado partidos, modificado resoluciones y hasta intentado convertirse en un nuevo “territorio libre de América”, proponiendo (y casi logrando) que su sede de Luque, en Paraguay, gozara de privilegios de extraterritorialidad. Una especie de Andorra a orillas del Ypacaraí.

Otro ejemplo tiene que ver con las necesarias obras de infraestructura que exige la FIFA para la realización de un evento de esas características. No se trata solo de estadios, sino de vías de acceso terrestres, aéreas y marítimas, estructuras de seguridad, comunicaciones, sanidad, etc. ¿Qué pasó en Brasil? Todo el mundo lo sabe, pero es bueno repetirlo: la corrupción pública y privada duplicó y en muchos casos triplicó los costos de las obras de infraestructura. En el caso de los estadios: seis de ellos, que debían costar unos 1.300 millones de dólares, terminaron costando 2.200 millones.

Brasil también probó que la FIFA impone con mano de hierro y guante de seda sus contratos, aunque para ello deban modificarse leyes nacionales. Pasó con un sponsor perjudicado por la legislación brasileña que, desde el año 2003, prohibía la venta de alcohol en los estadios. La norma se modificó, siendo conocida desde entonces como la “ley Budweiser”.

La mano de la corrupción también llegó a la reventa de entradas, práctica tras la cual había organizaciones mafiosas (única manera de comandar un verdadero ejército de revendedores) encabezadas por dirigentes o hijos de dirigentes de FIFA. 

La lista es larga, y es justamente esa longitud escalofriante la que me hace repetir que no es una buena idea postularnos como organizadores de la Copa del Mundo del 2030, ni solos, ni con Argentina, ni con el Mercosur en su conjunto. Digamos que todos nuestros potenciales socios están presos o en capilla: la FIFA tiene abiertos unos cuantos expedientes por corrupción, la Conmebol también, en la AFA todos hablan de “la mano” del fallecido Grondona, en Uruguay Eugenio Figueredo y Sebastián Bauzá no se ponen de acuerdo en un asunto de chirolas: cuatrocientos mil dólares… Y así.

Es que sin corrupción un mundial de fútbol no sería negocio. Sería un estupendo espectáculo, una fiesta deportiva de gambetas, enojos y goles en los descuentos. Pero dejaría de ser una brillante oportunidad de negocios para los mismos de siempre. Y eso, por ahora, no parece que vaya a ocurrir.

Por eso, una vez más: No al mundial 2030.